El Defensor del Menor de la Comunidad
de Madrid advierte en su informe anual sobre los delitos cibernéticos de los
que son víctimas niños y adolescentes.
De ser un fenómeno desconocido hace pocos años ha pasado a ocupar las portadas de los periódicos. Los casos de ciberacoso y sus múltiples variantes se han multiplicado de tal forma que las denuncias han llegado hasta la mesa del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, quien vuelve a ocuparse de ellos en la última entrega de su informe anual.
El documento recoge situaciones específicas a partir de las cuales se elabora el diagnóstico general. En cuanto a las situaciones de acoso en los espacios virtuales, la expansión de estos lleva al Defensor del Menor a centrar la atención en los casos de ciberbullying (el acoso de una persona a otra por medio de tecnologías interactivas) y el grooming (acoso sexual en internet). Canalda reconoce que el vuelco surgido en los últimos años “en la configuración y tipología del maltrato” hace necesario un nuevo abordaje y el reconocimiento institucional de estas situaciones.
El informe diagnostica que los casos de acoso entre iguales ya no se circunscriben al entorno escolar, puesto que las redes sociales han extendido las posibilidades a prácticamente todos los ámbitos de la vida del menor. Otro de los cambios registrados por el informe es que los casos de acoso ya no se dan casi exclusivamente entre menores del mismo sexo, puesto que el aparente anonimato que puede brindar internet ha dado lugar a situaciones de hostigamiento entre menores de distinto sexo.
Diversidad de propuestas
Respecto de estos cambios en las tipologías del acoso, el informe también hace referencia a la reciente Ley de Autoridad del Profesor sancionada en la Comunidad de Madrid. El artículo 10.3 de la norma faculta al centro escolar para sancionar “aquellas conductas que, aunque llevadas a cabo fuera del recinto escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con la vida escolar y afecten a algún miembro de la comunidad educativa”. En este sentido, el Defensor del Menor advierte sobre la dificultad de que el centro educativo establezca sanciones sobre hechos que ocurren fuera del entorno escolar.
En concreto, el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid ha recibido durante el año pasado un total de 251 consultas telefónicas relacionadas con el ámbito educativo. De ellas más del 60% eran relacionadas con cuestiones de convivencia en los centros escolares. El esclarecimiento de responsabilidades, el establecimiento de sanciones cuando los hechos ocurren lejos de los centros escolares y sucesos relacionados con el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen concentran muchos de estos reclamos ciudadanos. Asimismo, dentro del epígrafe Internet más de la mitad de las consultas han estado relacionadas con la intimidad y la propia imagen.
El documento se hace eco, por último, de la preocupación persistente “de muchos padres y alumnos en relación al trato del que son objeto por parte de compañeros y, en algunos casos, de profesores”. A juicio del Defensor, no obstante, los centros escolares están reaccionando de manera positiva ante el surgimiento de este tipo de situaciones, en especial gracias a la rapidez y la diversificación de las respuestas dadas por los equipos educativos implicados.
