El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha anunciado ya las primeras medidas que reformarán nuestro sistema educativo y que, como era de esperar, ya han producido reacciones a favor y en contra.

José Ignacio Wert, titular de Educación, ya ha anunciado las primeras medidas que reformarán el sistema educativo español: la desaparición del cuatro curso de ESO para añadirlo al Bachillerato y una modificación importante de la Formación Profesional. Además, tras la primera reunión con la Conferencia Sectorial de Educación el titular de cartera ha dado otra noticia que seguro provocará polémica: las oposiciones a la Función Pública Docente se congelarán en la mayoría de las comunidades autónomas. Y, para terminar, anunció que sustituirá Educación para la Ciudadanía por Educación Cívica y Constitucional; una nueva materia que nacerá de eliminar de la antigua las “cuestiones controvertidas” para sólo mantener aquello que tenga que ver con el conocimiento de la Constitución y sus valores, y las instituciones de cualquier sociedad democrática y de la Unión Europea (lo que significa en la práctica que, por ejemplo, se anule todo el bloque sobre relaciones interpersonales y humanas que existía en Secundaria).

 

Los pasos a dar

 

Wert espera tener aprobada la normativa que reformará estos aspectos de nuestro sistema educativo antes de que termine 2012. Y esa reforma no incluye, por ahora, ninguna novedad respecto al programa electoral del PP. Los populares ya anunciaron que si llegaban al poder aumentarían el bachillerato en un año y así lo harán. Lo que no sabíamos era por qué camino. Ahora, tras la primera reunión con la Conferencia Sectorial de Educación, en la que están representadas todas las administraciones autonómicas, se han perfilado los detalles. La reforma consistirá en quitarle un curso a la ESO para darle uno más al Bachillerato, aunque la edad de escolarización obligatoria se mantenga en los dieciséis años. Se hará adelantando la decisión de los estudiantes sobre su futuro profesional, es decir, los alumnos de quince que no hayan repetido deberán decidir si van al Bachillerato o a la Formación Profesional, y estarán obligados por ley a cursar, al menos, el primer año, aunque quieran dejar los estudios a los dieciséis.

 

Las reacciones no se han hecho esperar. Una parte de la comunidad educativa cree que la reforma supondrá segregar al alumnado y reducir la formación básica y común que todos ciudadanos deben recibir en la etapa obligatoria. Pero no sólo eso: la medida podría afectar directamente al modelo de conciertos, ya que repercute en la etapa postobligatoria, que en la mayoría de las comunidades autónomas no está sujeta a subvenciones.

 

El ministro no ha querido entrar en detalles, sólo ha advertido de que no se pretende rebajar la edad de la escolarización obligatoria: "de ninguna manera queremos rebajar, para quienes no sigan la vía del Bachillerato, la condición obligatoria de la enseñanza hasta los dieciséis años. No voy a entrar en el tecnicismo de la forma de resolverlo, pero el reparto en la Secundaria será de tres años de ESO y tres de Bachillerato".

 

De una u otra forma, el anuncio ya ha generado alguna polémica, y aunque el titular de cartera apuesta por el consenso, lo tendrá bastante difícil con parte del sector, aunque lo consiga con los consejeros autonómicos. Desde el Gobierno se asegura que el objetivo final de estas reformas no es otro que conseguir mejorar nuestro sistema educativo, las carencias se manifiestan explícitamente en una tasa de fracaso escolar que ronda el 30%. Wert quiere reducir esos porcentajes en un 10% de aquí a 2020.

 

La izquierda en contra

 

 

En la misma línea se han manifestado las Juventudes Socialistas (JSE). La organización califica la reforma de “ineficaz” y afirma que “no tiene sentido que mientras las comunidades del PP recortan en educación el Gobierno quiera gastarse parte del presupuesto educativo en implantar una medida de dudosos resultados”. Los jóvenes socialistas advierten de que “las medidas educativas que se están tomando desde el Gobierno central y las comunidades del PP van dirigidas a recortar la inversión en la educación pública” y teme que “al PP le dé por instaurar el copago educativo”.

 

Aún faltan por conocerse las reacciones a la supresión de Educación para la Ciudadanía, asunto que, ya con un proceso polémico desde su implantación, siempre ha estado en la punta de lanza de los conflictos entre ambos sectores ideológicos.

 

Y desde las organizaciones de padres de alumnos también hay reacciones, algunas más afines al Gobierno. La CONCAPA, mayoritaria en los centros de ideario católico, califica las medidas de “acertadas pero insuficientes” en su nota de prensa. En ella valora positivamente que el Bachillerato sea de tres años, pero asegura que la reforma se queda corta si no se extiende la gratuidad de la enseñanza hasta los dieciocho años y se otorga a los centros los medios económicos y humanos necesarios. En otras palabras, propone que sea gratuito para todos, evitando la discriminación existente en España, con algunas comunidades autónomas que aplican los conciertos en esta etapa y otras no.

 

La CONCAPA también responde a las criticas generadas desde la izquierda del sector respecto a los cambios en la ESO: “reducir la ESO a los quince años no es segregador, lo segregador es tener que irse a otro colegio por no ofertarlo gratuitamente, ya que un joven a esa edad tiene madurez suficiente para poder elegir FP o Bachillerato, y puede continuar en el colegio hasta los dieciséis años”.

 

Oposiciones

 

El otro punto caliente de las declaraciones de los últimos días está en la convocatoria de oposiciones, congelada en la mayoría de las comunidades. El ministro ha explicado que, dentro del criterio de reposición del profesorado establecido por el Gobierno para este año (una tasa del 10%), muchas autonomías han optado por acumular la oferta de este año y la del siguiente con el objetivo de que se supere la "masa crítica necesaria para que el coste de la convocatoria no fuera excesivo". Pero hay quien sí convocará: Andalucía, País Vasco o Madrid seguirán adelante con la oferta de empleo público.

 

Y ante el anuncio, más reacciones.

 

ANPE, sindicato mayoritario en la escuela pública, exige en su comunicado la convocatoria de oposiciones en todas las comunidades autónomas e insta al ministerio a “ejercer su labor de liderazgo y coordinación en las políticas educativas del Estado”. La organización cree que una amplia oferta de empleo público resulta en estos momentos imprescindible para transformar el empleo precario en empleo fijo y ajustar las plantillas a las necesidades de especialización de los cuerpos docentes.

 

Además, en su reunión con los consejeros autonómicos el titular de cartera ha anunciado otra reforma importante, la de la Formación Profesional, y ha utilizado un abjetivo que anuncia cambios de calado: una revisión profunda. Habrá cambios pero no cambiará la Ley actual. Los detalles nos llegarán estos días tras la comparecencia del ministro en el Congreso de los Diputados. Y las reacciones del sector, también.

 

Aurora Campuzano